Ecologistas en Acción de la provincia de León culpa a todas las administraciones del consorcio de la caótica gestión de los residuos (25/11/09).

Los ecologistas señalan a los grandes Ayuntamientos como primeros responsables de la situación.

Ante la inminente celebración de una gran manifestación en Ponferrada contra la subida de la tasa de Gersul, que el grupo de acción local de Ecologistas en Acción del Bierzo ha decidido apoyar, al tratarse de un tema de ámbito provincial, la Junta Directiva de la Asociación cree conveniente hacer públicas las siguientes declaraciones:

1.- Ecologistas en Acción apoya esta protesta porque existen motivos suficientes para denunciar la insostenible política de residuos que realizan todas las administraciones que forman parte del “Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León” (Gersul). Sin embargo, el Colectivo la consideraría como un fracaso demagógico si con ella se desincentivara la participación ciudadana en la reducción, la reutilización y el reciclado de las basuras, a sabiendas de que en éste, como en otros muchos temas medioambientales, nuestro país se encuentra a la cola de Europa.

2.- La mal llamada “tasa de reciclaje” es en realidad la tasa que pagamos por el uso y mantenimiento del Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega (CTR),  adonde van a parar todos los residuos sólidos urbanos de la provincia de León, (y residuos asimilables de pequeñas industrias, sector servicios, comercio, etc.). Ecologistas en Acción considera que esta tasa es necesaria y que se debe exigir que su aplicación sea progresiva y esté ajustada a la generación de residuos, de manera que los costes del CTR se distribuyan proporcionalmente y pague más aquel que más residuos produzca.

3.-La problemática de la gestión de residuos es local. Cada municipio ha de afrontar la gestión de los residuos que genera y es en el ámbito municipal en donde se han de encontrar soluciones. No obstante, en la provincia de León tenemos el CTR  -que desgraciadamente  se está convirtiendo en un macrovertedero-. De su mal uso los principales responsables son los grandes ayuntamientos, en proporción directa al número de sus habitantes, y ello por partida doble, al ser miembros ejecutivos del Consorcio y generadores de la mayor parte de los residuos de la provincia.

4.-La gestión de residuos que realizan los ayuntamientos de León y Ponferrada es insostenible: se fomentan malas prácticas como el sistema de recogida en dos bolsas, una para envases y otra para la materia orgánica y el resto (así consta en el Plan Regional 2004-2010 de Residuos de  Castilla y León). Este sistema impide recoger la materia orgánica limpia, condición indispensable para su  compostaje y  para la recuperación de los materiales que forman parte de ese “resto”.  Si añadimos  la ausencia de planes de reducción (que prioricen la reducción y la reutilización sobre el reciclaje)  -inexistentes en León, Ponferrada y en el conjunto de grandes municipios-, podemos afirmar que el colapso del CTR se producirá más pronto que tarde, sea cual sea la gestión que se haga de sus instalaciones.

5.-Todas las administraciones del consorcio están incumpliendo el Real Decreto de Vertederos (1481/2001), también de aplicación al CTR, que en su Art. 5 obliga a las administraciones gestoras, y a las usuarias, a realizar planes para reducir progresivamente la materia orgánica biodegradable que se deposita en el vaso de rechazos del Centro de Tratamiento de Residuos. La importancia del correcto tratamiento de la materia orgánica es esencial, pues constituye cerca del  50%, del total  en peso, de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados. Transformada en compost viable puede devolver a los suelos la fertilidad que les arrebatamos… y, por supuesto, prolongar la vida útil del CTR.

6.-La privatización de la gestión, se ha producido tanto a nivel local como provincial, de manera que son las empresas concesionarias Urbaser y FCC las que imponen su criterio de máximo beneficio, ignorando principios fundamentales de participación ciudadana y de servicio público. Al escaso celo por el cumplimiento de la legislación ambiental hay que añadir que la reducción de costes laborales bloquea sistemas tradicionales como la recogida “puerta a puerta”, que es la mejor fórmula para conseguir la recogida selectiva en origen de una materia orgánica limpia, y también la aplicación de tasas progresivas (por citar algunos de sus beneficios sociales y ambientales).

7.-La mala gestión de la cobranza de las tasas también es responsabilidad de los ayuntamientos, ya que no han informado a la ciudadanía, aún estando en las mejores condiciones para hacerlo, puesto que el padrón fiscal se ha elaborado -según la información suministrada al Consorcio- por las entidades locales.

Finalmente debemos añadir que esta asociación seguirá trabajando por la gestión sostenible de los residuos, por su reducción; contra los proyectos de incineración que amenazan esta provincia; pidiendo la aplicación justa de tasas progresivas; y el cumplimiento de la normativa ambiental y del condicionado con el que se autorizó la instalación y el inicio de actividad del CTR.

Fdo.: Junta Directiva de Ecologistas en Acción de la provincia de León.