Ecologistas en Acción: un programa medioambiental en favor de la sostenibilidad.

Las sociedades industriales actuales están produciendo un impacto insostenible sobre la biosfera. Nuestros sistemas socioeconómicos han crecido demasiado en relación con el medio que los contiene, alterando incluso los grandes ciclos naturales, degradando o destruyendo muchos ecosistemas y causando gran mortandad animal, vegetal y un profundo deterioro de la vida humana.

La mayor responsabilidad concierne al capitalismo de los países del Norte, cuyo modelo de producción y consumo no es generalizable a todos los países del mundo sin exceder irreparablemente la capacidad de carga del planeta, ni responde a una lógica que tenga en cuenta las verdaderas necesidades humanas. Tenemos que hacer sitio (en términos ecológicos) para los hoy excluidos: las mujeres, los pueblos del Sur, l@s pobres del Norte, las generaciones futuras, las demás especies vivas con las que compartimos la biosfera.

Urge un cambio profundo en nuestras formas de trabajar, producir y consumir: la reconstrucción de las sociedades según líneas de sustentabilidad, solidaridad y equidad.

No es posible la expansión material indefinida en un sistema finito como la biosfera que habitamos, ni resulta sostenible el tipo de «globalización» económica que impulsa el actual capitalismo neoliberal. Debemos emprender una reducción sistemática del impacto ambiental de las actividades humanas. Convendrá lograrlo preferentemente mejorando la eficiencia ambiental de nuestras economías (es decir, reduciendo sistemáticamente el impacto ambiental por unidad de producto), pero también habrá que estar dispuestos a disminuir el volumen global de actividad cuando no quede otra opción.

Los recursos naturales que tomamos de nuestro entorno, y los residuos que emitimos después, han de quedar indefinidamente por debajo de los límites de producción biológica, absorción y regeneración de los ecosistemas. Producir de forma ecológicamente eficiente quiere decir minimizar el flujo de energía y materiales que recorre nuestros sistemas productivos, maximizando el bienestar que obtenemos de él. Por eso tenemos que aprender a vivir mejor con menos; la actual cultura del derroche debe dar paso a una cultura de la autolimitación, la austeridad, la suficiencia.

Las políticas económicas convencionales causan simultáneamente la progresiva degradación de los ecosistemas y niveles cada vez más altos de precariedad vital, y no reconocen debidamente el valor indispensable de las mujeres para el mantenimiento de la vida. Sólo un cambio hacia políticas de sustentabilidad permitirá crear sociedades en las que estas carencias se solventen.

Algunos de los desarrollos tecnológicos, económicos y sociales en curso entrañan riesgos tales que ponen en entredicho la misma continuidad de la civilización humana. Así la acumulación de armas de destrucción masiva, pero también el cambio climático asociado con la alteración de la composición química de la atmósfera; así la generación de electricidad en centrales nucleares, pero también la manipulación genética de organismos vivos. En todos estos campos, ni las exigencias de beneficio crematístico ni los valores fáusticos de la desmesura son guías apropiados para la acción; se impone, por el contrario, una acción prudente guiada por la idea de la equidad y el principio de precaución, que minimice los riesgos para las generaciones actuales y sobre todo para las futuras. En el siglo XXI, no hay peor espejismo que pretender responder a nuestra crítica y compleja situación con «más de lo mismo».

BIODIVERSIDAD

La conservación de la diversidad biológica supone una de las prioridades ambientales, especialmente debido a la importancia de su riqueza biológica en el ámbito europeo y mediterráneo, constituyendo uno de los principios básicos del desarrollo sostenible. Pese a ello el insostenible modelo de explotación de los recursos naturales y la supeditación del medio natural a las falsas necesidades de nuestro sistema productivo y forma de vida están acelerando el proceso de extinción de especies, la transformación de los hábitats naturales, la pérdida de diversidad genética y por tanto poniendo en grave peligro la biodiversidad. Entre las diversas acciones que se debería de poner en marcha, destacamos las siguientes, a saber:

• Aplicación de una Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad que marque los principios rectores y las líneas de actuación a desarrollar para conservar la diversidad biológica, habilite los recursos necesarios para ello y condicione los planes sectoriales.

• Pleno desarrollo de la Red Natura 2000 especialmente en lo referente a los lugares del Estado español que deben formar parte de esta red, así como en las medidas que deben garantizar la conservación de los hábitat y especies de interés comunitario.

• Revisión del Catálogo de Especies Amenazadas, aplicando las cuatro categorías establecidas por la Ley 4/89, así como la aprobación y ejecución de los correspondientes planes de recuperación y de conservación del hábitat, principalmente para las especies endémicas.

• Ampliación de las redes autonómicas y estatal de espacios naturales protegidos a todas las áreas de interés natural del Estado español.

• Elaboración de una ley del paisaje que aborde directamente tanto los impactos paisajísticos como la conservación de paisajes tradicionales preservando la biodiversidad.

• Elaboración y aplicación de una Estrategia de Control de la especies exóticas (es la segunda causa de extinción de biodiversidad en el conjunto del planeta).

• Minimización de las afecciones ambientales generadas por la explotación de los recursos naturales, especialmente en los siguientes sectores:

En el sector pesca: disminución de las pesquerías hasta niveles de sustentabilidad, reduciendo en primer término las actividades de pesca industrializada que aseguren el mantenimiento de los recursos para las generaciones venideras, y creación de Zonas de Reserva que garanticen que se solucionan los problemas de sobrepesca crónica detectados.

En la agricultura, ganadería y bosques. Aprobación de una estrategia contra la desertificación que incluya la elaboración de un código de buenas prácticas agrarias, ganaderas y forestales. Potenciación de la ganadería extensiva o semiextensiva, y eliminación de la intensiva por sus claros perjuicios para los animales y la salud de los consumidores.

En la minería: Minimizar a lo estrictamente necesario su utilización. Potenciar la tecnología que permita el reciclado de escombros y la reutilización de materiales de desecho de la construcción. En cualquier caso se debe restaurar el medio natural afectado por la actividad minera.

En el sector cinegético: progresiva desaparición de la caza como actividad lúdica, deportiva o económica, entendiendo que la caza sólo está justificada cuando es necesaria para nuestra subsistencia, lo cual actualmente solo ocurre en países empobrecidos. El control de poblaciones sólo debe efectuarse cuando sea imprescindible por motivos ambientales y por personal cualificado. Los cambios sufridos en la caza, que ha pasado de ser una actividad de supervivencia a una supuesta actividad deportiva, junto con los actuales procesos de intensificación y artificialización han convertido la caza en una actividad ambientalmente muy impactante y éticamente inaceptable.

CAMBIO CLIMATICO

La comunidad científica internacional ha reconocido la influencia humana en el calentamiento terrestre registrado hasta el momento, según evidencian los sucesivos informes del IPCC (Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático). Si continúa la emisión excesiva de gases de «efecto invernadero» (principalmente de dióxido de carbono, CO2) el aumento consecuente de la temperatura terrestre dará lugar a una alteración sin precedentes del clima que amenazará zonas costeras -por la subida del nivel del mar-, los ecosistemas naturales, la disponibilidad de alimentos y agua -en especial de países pobres y en zonas semiáridas-, y la salud pública. Se considera probable que si no se frena el cambio climático en marcha, durante el presente siglo algunos pequeños Estados insulares desaparecerán bajo las aguas, se verán desplazadas decenas de millones de personas, aumentará el hambre, y veremos extenderse enfermedades endémicas en áreas nuevas.

El informe “Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático” estima un aumento generalizado de las temperaturas medias en la Península Ibérica de 0,4ºC en invierno y hasta 0,7ºC en verano cada 10 años, acompañado de una reducción significativa de las precipitaciones totales anuales especialmente en primavera. Ante los efectos potencialmente catastróficos de un cambio climático urge recortar de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero --fundamentalmente de CO2-- en los países más industrializados (incluído el Estado español), que son los que tienen emisiones per capita mayores de la media mundial.

• Un objetivo necesario es que estos países reduzcan en un 80% sus emisiones de CO2 en el año 2050, en comparación con sus emisiones en 1990.

• Modificación de la Política Energética y de Infraestructuras para la reducción de la emisión de gases de «efecto invernadero», según las líneas esbozadas en los apartados de ENERGIA y TRANSPORTE.

• Prohibición de fabricación y utilización de todos los gases fluorocarbonados, no sólo los CFCs, sino HCFCs y también bromuro de metilo; Debe elaborarse un plan para la sustitución y recuperación de estos productos, que además afectan gravemente a la capa de ozono.

• La cancelación de todos los mecanismos de flexibilidad que permitan al capital privado cumplir los compromisos adquiridos por los Estados sin una reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, o generar beneficios en base del comercio con las emisiones.

ENERGIA

El sector energético es -junto con el sector del transporte- la causa principal de la contaminación atmosférica, a escala local (contaminación urbana), regional (lluvias ácidas) y global (intensificación del «efecto invernadero»). Las energías fósiles (carbón, petróleo, gas natural...) desequilibran el clima del planeta, y la generación de residuos nucleares hipoteca nuestro futuro durante milenios. Hemos de plantearnos el cambio del sistema energético y productivo de nuestra sociedad industrial. Una política energética sustentable debe basarse en el ahorro y eficiencia, así como en el desarrollo y la utilización de energías renovables.

• Elaboración por parte de las administraciones correspondientes de planes energéticos que incluyan el sector eléctrico, con amplia participación social, basados en la planificación integrada de los recursos y en la gestión de la demanda con los siguientes objetivos:

Cerrar las centrales nucleares.

Reducir las emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.

Aumentar sustancialmente la participación de las energías renovables en el suministro de energía primaria hasta alcanzar el 25% en 2010.

• Para lograr los objetivos anteriores se requieren como poco las siguientes medidas:

Planificación del incremento del ahorro y la eficiencia energética con objetivos acordes a la gravedad de los problemas ambientales, sociales y económicos provocados por su uso.

Implantación de una ecotasa de carácter finalista sobre las energías no renovables.

Creación de compañías públicas de ahorro energético.

INDUSTRIA

No podemos seguir tratando irresponsablemente el medio ambiente como una fuente inagotable de materias primas y como un vertedero de infinita capacidad para nuestros residuos: ninguno de los dos supuestos responde a la realidad. Necesitamos «cerrar los ciclos», es decir, reestructurar la producción hacia procesos de producción limpia que (a) minimicen el consumo de energía y recursos naturales, especialmente los no renovables; (b) minimicen la generación de contaminantes y residuos; (c) se «encadenen» de tal modo que los residuos de un proceso productivo sean, o bien fácilmente biodegradables, o bien reutilizables como materia prima para algún otro proceso; (d) excluyan el uso de materiales tóxicos en los procesos de producción . Las estrategias de prevención de la contaminación deben tener absoluta prioridad sobre las de remediación o gestión.

• Fomento público de la producción limpia, que tenga en cuenta tanto el uso de recursos como de energía, y que actúe sobre las unidades productivas de forma integral (no sólo sobre los residuos tóxicos sino sobre todos los tipos de residuos). Reconversión ecológica de las industrias contaminantes. Obligación legal de fabricar los productos con porcentajes crecientes de materiales reutilizados y reciclados.

• Promoción por parte de la administración del mercado de productos reciclados.

• Máxima reducción o eliminación de los productos tóxicos empleados por los fabricantes. Aplicación estricta de su responsabilidad civil en caso de que sus residuos causen daños ambientales.

• Responsabilidad del productor: ampliación de la responsabilidad de los fabricantes, que deberán hacerse cargo de sus productos una vez concluida su vida útil.

• Ecotasas en origen para los productos tóxicos y peligrosos (cloro, metales pesados...) que garanticen la financiación del tratamiento como residuos y discriminen el precio con relación a los productos menos contaminantes, o limpios.

RESIDUOS

La política de residuos no se ha enfocado hacia la prevención, sino a gestionarlos a través de plantas de tratamiento, atribuyendo al medio ambiente una capacidad infinita para asimilar contaminantes. Para ello se ha promovido la construcción de instalaciones de tratamiento de residuos (vertederos, incineradoras, etc.), basadas en los conceptos de dispersión o acumulación.

La reducción del volumen y toxicidad de los residuos es una prioridad ambiental: en el caso de los Residuos Urbanos ha de tener como uno de sus ejes fundamentales la aplicación de medidas que favorezcan los envases reutilizables, una reducción efectiva del embalaje y el envasado, y el reciclado de los materiales que los componen; en el caso de los residuos peligrosos de origen industrial se trata de avanzar hacia una producción limpia.

• Desarrollo de una política de prevención basada en la educación ambiental y la implantación de medidas económicas, legales y fiscales para minimizar la generación de los residuos; implantar la recogida selectiva en origen, evitar la producción y comercialización de productos de «usar y tirar», no retornables y no reciclables, y sustituir los materiales tóxicos por otros inocuos. Responsabilidad ampliada del fabricante de la gestión del residuo.

• Es fundamental plantear la recogida diferenciada o selectiva de la materia orgánica, que sigue siendo la fracción principal de los residuos urbanos, con el objeto de producir compost para la agricultura y la regeneración de suelos.

• Puesta en marcha de una política de envases y residuos de envases que incluya como mínimo:
Establecimiento de la prioridad de prevención.

Participación de los agentes sociales en el control y seguimiento de los sistemas integrados de gestión.

Reducción en peso de residuos y prohibición de la utilización del PVC.

Sustitución de los aditivos nocivos y peligrosos utilizados en la fabricación de los envases.

• Fomentar la reducción, la reutilización, el reciclado y recuperación, por este orden.

• La puesta en marcha de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos peligrosos (depósitos de seguridad, plantas de tratamiento, etc.) se condicionará a la existencia de planes de residuos coherentes entre sí en cada una de las CCAA donde tenga que instalarse la infraestructura.

• Abandono de la incineración de residuos, tanto en las instalaciones especializadas, como en cementeras, centrales térmicas o cualquier otra.

AGUA

Durante décadas la política hidrológica se ha basado en la construcción de infraestructuras, cuya finalidad era incrementar los recursos disponibles mediante obras de regulación. Las obras más rentables están realizadas y los costes sociales y ambientales se hacen insoportables, por lo que hay que cuestionar la política de construcción de nuevos grandes embalses y trasvases.

Es necesario que la política hidráulica que se desarrolle durante el presente siglo, rompa en buena medida con la que se siguió en el anterior, debiendo tener como eje principal la gestión ecológica de la demanda y no el aumento de la oferta. Aunque en los últimos años se ha avanzado bastante en esta dirección, consideramos que todavía existen importantes asignaturas pendientes que es necesario superar para poder llevar a cabo una gestión ambiental, social y económica adecuada del agua, y que son las siguientes:

• Exigimos la gestión pública del agua y rechazamos su gestión como un negocio.

• Establecimiento de un precio para el agua en el que se repercutan los costes ambientales, sociales y económicos de su obtención.

• Limitar la actividad productiva, especialmente en los sectores agrícola y construcción, cuando el consumo supere los recursos hídricos renovables.

Asimismo, consideramos necesario llevar a cabo una serie de actuaciones, que en la mayoría de los casos pasan por el desarrollo de la normativa de aguas vigente aprobada en los últimos años:

• Garantía de calidad del agua y satisfacción de la demanda ambiental en las cuencas, con especial protección ambiental del dominio público hidráulico, y la conservación de los ecosistemas de ribera. Se deberá impedir que se sigan construyendo edificaciones e instalaciones de todo tipo en los cauces y zonas de influencia directa de los mismos, en el que se establecerá un plazo para la eliminación de las existentes.

• Realización completa del deslinde del dominio público hidraúlico, así como de un programa de restauración ecológico-forestal, encaminado a la recuperación de la vegetación de ribera y revegetación de laderas con especies autóctonas.

• Establecimiento como prioridad del incremento de la eficiencia en la utilización del agua. Reparación y mantenimiento de las redes de distribución y apoyo al establecimiento de técnicas de riego eficientes.

• Medidas económicas y sociales para incentivar el ahorro y penalizar el derroche o mal uso del agua, incluyendo una modulación racional de los precios del agua que evite efectos regresivos sobre los sectores más desprotegidos de la población e impulse prácticas agrícolas más ecológicas y mejor adaptadas a nuestro clima.

• El abandono de la construcción de grandes embalses y trasvases.

• El abandono de la construcción de encauzamientos de hormigón de grave impacto y escasa eficacia frente a riadas y avalanchas de agua. Por contra, deberá apostarse, con carácter general, por la ampliación del dominio público hidráulico.

• Depuración total de todas las aguas residuales y reutilización masiva de las mismas, encaminada a liberar recursos potables actualmente utilizados, especialmente para su uso en abastecimiento urbano, la recuperación de los acuíferos, así como para otros fines ambientales.

• Evitar la sobreexplotación de las aguas subterráneas, adecuando su explotación a la capacidad de recarga de los acuíferos, estableciendo un plazo adecuado para la recuperación de los acuíferos sobreexplotados.

• La protección efectiva de todas las zonas húmedas del Estado Español. Confección de un catálogo que incluya la totalidad de las zonas húmedas existentes.

• La desalación de agua de mar en ningún caso puede utilizarse para mantener o consolidar modelos de desarrollo insostenibles, debiendo relegarse para situaciones extremas, ligadas al abastecimiento de las poblaciones residentes, cuando no existan fuentes alternativas.

MEDIO MARINO Y LITORAL

Nuestros océanos y mares están sufriendo una sobreexplotación feroz, por un lado debido a los fuertes intereses económicos para explotar sus recursos, ya sean lo pesqueros, minerales, etc., y por otro debido a las dificultades de vigilancia y control que encierra.

Urge promover una legislación nacional e internacional que ordene su gestión y explotación.

Hay que poner en marcha programas de investigación que inventarie los ecosistemas marinos y las diferentes especies de flora y fauna que contienen, así como evaluar en la situación en la que se encuentran.

Dentro de las actividades de mayor impacto que se realizan en el mar se encuentran:

La Pesca:

• Reducción drástica de las pesca hasta convertirla en una práctica sostenible.

• Se debe de orientar la explotación de los caladeros a través de la gestión de ecosistemas.

• Se debe de intensificar la investigación sobre las artes de pesca para reducir su impacto negativo.

• Las artes de pesca a utilizar deben de ser selectivas con las especies objetivo, eliminando todas aquellas artes en el que las capturas accidentales, descartes e impacto sobre los fondos marinos, flora o fauna tenga un impacto que sea irreversible.

Transporte marítimo:

Entre las fuentes de contaminación de mayor impacto se encuentra las procedentes del transporte marítimo, por lo que es urgente acabar con los piratas de la mar o banderas de conveniencia que burlan continuamente la legislación marítima internacional y nacional.

Explotación de recursos minerales:

La explotación de recursos minerales como los procedentes de yacimientos de hidrocarburos y otros requieren de un cambio urgente de métodos que eliminen el actual impacto que originan sobre el ecosistema, por lo que se debería realizar un seguimiento y control más exigentes sobre lo métodos de estudio y explotación que en la actualidad desarrollan las empresas.

Costas:

Fuertes intereses especulativos amenazan un bien público que pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas: nuestras costas. Defendemos:

• Establecimiento de un Consejo de Gestión y Defensa de la Costa, que permita al estado y a las comunidades autónomas colaborar en la gestión integrada del litoral, con participación de las entidades sociales.

• Poner en marcha programas de Gestión Integral de Zonas Costeras.

• Moratoria en la construcción de nuevos puertos deportivos y comerciales, así como de otras infraestructuras altamente impactantes. Cese de la regeneración artificial de playas.

• Realización de todos los deslindes pendientes del dominio público marítimo terrestre con la mayor rapidez posible.

• Promover planes de recuperación de sectores costeros degradados (zonas contaminadas, sobresaturadas urbanísticamente,etc).

• Promover la creación de reservas marítimo terrestres.

• Realizar un inventario de zonas sensibles de la costa (zonas de laminación de avenidas, zonas inundables, zonas húmedas, ecosistemas dunares, playas vírgenes, etc.) y desarrollar legislación específica de protección.

 

TRANSPORTE

El beneficio que para los ciudadanos y ciudadanas de las sociedades más industrializadas, en principio, supone poder movernos más lleva aparejados unos costes cada vez mayores. El actual modelo de transporte de mercancías y de personas es insostenible, y supone uno de los factores fundamentales del deterioro del medio ambiente: contaminación atmosférica, contaminación acústica, ocupación del espacio, accidentes, compartimentación del territorio, emisiones de gases invernadero...

El incremento del número y la longitud de los trayectos no significa necesariamente mayor libertad ni accesibilidad. No podemos seguir incentivando el incremento de los desplazamientos de personas y mercancías a distancias cada vez más largas, ni que éstos se realicen en vehículos motorizados ineficientes energéticamente, en detrimento de medios de transporte de menor impacto social y ambiental como el ferrocarril, ni debemos seguir favoreciendo al transporte individual frente al colectivo.

En este ámbito como en otros, frente a la actuación de las Administraciones que utilizan la movilidad creciente en automóvil, en trenes de alta velocidad y en aviones como pretexto para la construcción de grandes infraestructuras, es necesario actuar sobre las necesidades sociales y no únicamente sobre la oferta. En este sentido proponemos:

• Frente a la actual Política de Transportes, que prima la construcción de infraestructuras, apostamos por un modelo de transporte encaminado a reducir las necesidades de movilidad motorizada, mejorando la accesibilidad y favoreciendo los modos de transporte no motorizados (marcha a pie y bicicleta) y el transporte público colectivo. El objetivo es minimizar el impacto territorial y conseguir la reducción de las emisiones de CO2, y de la contaminación atmosférica y acústica.

• Reducción progresiva del transporte por carretera y aéreo, mediante una moratoria a la construcción de grandes infraestructuras de transporte, seguida de “la deconstrucción” de algunas de las existentes (pasos elevados o subterráneos, “nudos de transporte”, reducción de carriles,...). Supresión de las ventajas fiscales y subvenciones públicas de que gozan estos medios y la imposición a los mismos de tasas ambientales con carácter finalista, encaminadas a favorecer el cambio modal a otros medios de transporte. En definitiva, es necesaria una adecuación de los precios del transporte a sus costes reales, incluyendo los llamados costes externos.

• Potenciación del transporte público ferroviario, entendido como red articuladora del territorio, tanto para personas como mercancías. Mejora de servicios, líneas y velocidad del ferrocarril convencional. Abandono de los proyectos de alta velocidad ferroviaria.

• Modelos integrados e intermodales de transporte colectivo que favorezcan la combinación tren-bus o tren-bici frente al automóvil. Especial protección de los derechos del peatón y del ciclista y medidas tendentes a favorecer el uso de la bicicleta y el transporte colectivo frente al privado (carril-bus y carril-bici). Restricción de la circulación y el aparcamiento de coches en las ciudades. Reducción de las velocidades máximas permitidas y establecimiento de amplias zonas de pacificación del tráfico.

• Modelos urbanísticos y de organización administrativa y territorial que minimicen la necesidad de transporte.

• Aprobar normas de movilidad estatales y autonómicas que establezcan la obligatoriedad de realizar, con participación pública, Planes de Movilidad Sostenible a escala metropolitana, urbana y sectorial.

URBANISMO

Sin duda el principal problema de carácter urbanístico-ambiental que afecta a todo el país es el masivo, desaforado y especulativo proceso de construcción de viviendas, varias veces superior al crecimiento de la población. Este proceso se produce en paralelo a una concentración de la población en las ciudades, que crecen desmesuradamente en forma de mancha de aceite, al tiempo que se abandona el mundo rural. Esta masiva construcción, sin embargo, no está solucionando los problemas de acceso a la vivienda de buena parte de la población, antes al contrario, los está dificultando por la escalada de precios que genera. Por otro lado, la especulación también es responsable de una grave destrucción de patrimonio arquitectónico histórico y monumental. Finalmente, el modelo de vivienda que se implanta es homogéneo, y no responde a las características climáticas, ni estéticas, de cada zona.

El gran aumento de la suburbanización, siguiendo un modelo urbanístico disperso basado en la vivienda individual, está teniendo las siguientes consecuencias en muchos entornos metropolitanos del país, especialmente en las grandes ciudades y en el litoral:

• Derroche del tiempo y energía por la cada vez mayor distancia a recorrer entre el hogar y los lugares de trabajo, ocio y comercio.

• Destrucción medioambiental y paisajística debido a la urbanización de espacios naturales de alto valor ecológico cercanos a áreas metropolitanas.

• Concentración de actividades (comercio, ocio, estudios, incluso las propias urbanizaciones de baja intensidad), en grandes superficies segregadas de los núcleos urbanos, lo que ocasiona una dependencia absoluta del vehículo privado.

• Mayor contaminación atmosférica y acústica.

También resulta preocupante la implantación de modas urbanísticas que, junto a las políticas de transporte basadas en el coche, están provocando el deterioro de los espacios urbanos de muchas ciudades.

Ante esta situación proponemos:

• Medidas contra la especulación del suelo. Derogación de la actual ley del suelo, que ha permitido la especulación urbanística. Y creación de una normativa (al modo de algunos países europeos) dirigida directamente a impedir la especulación del suelo y a proteger efectivamente las costas, espacios naturales y agrícolas de la urbanización. Todo ello para permitir una nueva ordenación del territorio.

• Planes de ordenación urbana que reduzcan la expansión de actividades y residencias por el territorio de forma “difusa” y favorezcan la concentración de usos en barrios “compactos”, donde los ciudadanos puedan acceder a los diferentes servicios a pie o en transporte colectivo. Establecimiento de la obligatoriedad para cualquier desarrollo urbanístico, polígono empresarial o grandes centros de actividad de contar previamente con infraestructuras adecuadas para los servicios de transporte colectivo.

• Moratoria a nuevos proyectos “estrella” de desarrollo, al estilo de los parques temáticos, grandes superficies comerciales, instalación deportiva singular, etc. Dar prioridad a la rehabilitación urbana.

• Medidas tendentes a favorecer el acceso a la vivienda y la ocupación del patrimonio ya construido, como nuevos impuestos sobre viviendas vacías, estímulos fiscales al alquiler de viviendas, compra de inmuebles por las administraciones y su conversión en viviendas sociales en alquiler, etc. Fiscalidad elevada para propiedades inmobiliarias que no sean primera vivienda.

• Política de las tres R con la edificaciones, en especial favorecer la rehabilitación de edificios, en vez de su sustitución por nueva vivienda.

• Reivindicar una vuelta a conceptos urbanísticos integrados con escasa repercusión ambiental, con zonas verdes siempre próximas o inmediatas, y casas o edificios en los que se aproveche al máximo energías como la solar y tengan un buen aislamiento térmico (arquitectura bioclimática con placas solares térmicas y fotovoltaicas, aislamiento térmico, materiales no tóxicos...).

CALIDAD DEL AIRE

Un gran cúmulo de evidencias indican que la exposición a la contaminación atmosférica, a los niveles que actualmente se registran en las ciudades, provoca serios efectos sobre la salud. El tráfico es el principal responsable de las emisiones de óxidos de nitrógeno, de compuestos orgánicos volátiles y de la formación de ozono troposférico, y contribuyendo en gran parte a la acumulación de otros contaminantes como las partículas en suspensión y el dióxido de azufre. También contribuyen a la contaminación del aire, en mayor o menor medida, la actividad industrial y la combustión de carbón y de otros combustibles.

• Tenemos derecho a respirar un aire limpio y para ello, la prioridad debe ser prevenir la contaminación, reduciendo el tráfico y las necesidades de transporte, y racionalizando y optimizando los procesos industriales y de combustión en el marco de un nuevo modelo productivo más respetuoso con el medio.

• Las estrategias para abordar la reducción de las emisiones han de partir de los criterios de ahorro y eficiencia energética, junto con el uso de combustibles más limpios, dado que las emisiones se deben en su gran mayoría al consumo de combustibles fósiles para producir energía térmica, eléctrica o motriz.

Asimismo, aquellas han de incorporar los criterios de prevención tanto en la introducción de nuevas tecnologías como en la revisión de las ya existentes.

• Resulta, también, necesario la ampliación y mejora de las redes de medición de la contaminación para evaluar correctamente la calidad del aire, así como la información puntual a los ciudadanos cuando se den situaciones de elevada contaminación atmosférica.

TURISMO

El turismo, en el Estado español, es un importante motor de otros sectores económicos e influye en una gran variedad de actividades condicionando otras políticas sectoriales, por lo que también incide fuerte y notoriamente en el medio ambiente (presión sobre el territorio por la ocupación de suelo, demanda de recursos como por ejemplo agua y territorio, depuración, infraestructuras, etc). A estas incidencias se les une una obsesión exagerada por promocionar oferta de actividades recreativas que terminan deteriorando el medio, como los parques temáticos o los campos de golf, que están experimentando un crecimiento sin parangón en Europa y ejerciendo una presión ambiental añadida a la construcción urbanística.

• Elaboración de una política turística que integre el medio ambiente y los intereses sociales y culturales, basada en la calidad y no en la cantidad, y que promueva la reconversión del turismo convencional de sol y playa (con un crecimiento cero de camas turísticas en las zonas historicamente saturadas) y la reorientación del turismo en el espacio rural, hacia una forma de turismo sostenible, que evite la urbanización del campo y la creación de segundas residencias y que promueva una recuperación del patrimonio artístico y cultural.

• Apoyo a la sensibilización y formación ambiental de los promotores, técnicos, empleados y guías turísticos.

• Fomento de medidas de mejora ambiental en la actividad y oferta turística con especial atención al uso de energía y agua en las instalaciones turísticas. Reforma de la Ley Estatal de Residuos que obligue a las instalaciones hoteleras a la separación en origen. Se debe fomentar la implantación de los mecanismos de gestión ambiental de las instalaciones.

• Regulación de las actividades recreativas y deportivas en escenarios naturales, diferenciando las actividades compatibles (bici, senderismo, escalada, etc) de las no compatibles (sobre todo las que tienen que ver con el motor). Asimismo deben primarse aquellas actividades que implican un derecho de todos los ciudadanos (por ejemplo la contemplación del paisaje) por encima de aquellas actividades que impliquen un lucro particular para intereses privados. Los Planes de Uso y Gestión de los espacios protegidos deben de manera especial contener medidas pertinentes para regular estas actividades y evitar los impactos que están teniendo en las zonas turísticas.

MEDIO RURAL

La progresiva liberalización del comercio agroalimentario y la Política Agraria Comunitaria (PAC), diseñadas con el objetivo prioritario del incremento de la producción, han sido responsables del desacoplamiento de la gestión forestal, agrícola y ganadera incrementando los impactos ambientales y deteriorando el medio rural, debido a los incentivos al uso ilimitado de agro-químicos, roturación de terrenos forestales y sobrepastoreo de ecosistemas semi-naturales. Además, la PAC ha sido también un inductor del desempleo en el mundo rural y su aplicación ha supuesto siempre más de la mitad del presupuesto de la UE.

La inadecuada política forestal favorece la multiplicación y extensión de los incendios, y es la principal responsable de la erosión y desertificación y del abandono de zonas rurales.
Cultura, medio ambiente y desarrollo no pueden ser considerados por separado. La recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural se perfila como una de las fuentes más importantes para la generación de empleo, en particular de la juventud, en el mundo rural.

Por todo ello pedimos:

• Que la agricultura y la alimentación salgan definitivamente de la OMC, y que su tratamiento sea debatido en el marco de la FAO como organismo específicamente destinado a estos temas por Naciones Unidas o en un marco local donde decidan las comunidades campesinas.

• La elaboración de un Convenio Internacional por la Soberanía Alimentaría como marco político orientador en el tratamiento de la agricultura y la alimentación a nivel global.

• Que las comunidades campesinas y los gobiernos mantengan su derecho a proteger, apoyar y promover sus sistemas locales de producción agropecuaria, apoyados sobreun modelo de producción sostenible, diversificada, destinada a abastecer los mercados interiores y solidaria con el resto de los pueblos.

• Que cualquier producto agrario no pueda ser comercializado por debajo de sus costes reales de producción.

• Reclamamos la necesidad de desarrollar un Plan de Rescate Internacional de los precios de los productos básicos agrarios y de las materias primas, que remuneren de manera justa el trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras del sector agropecuario y pesquero.

• Reclamamos la necesidad de políticas agrarias públicas en todo el mundo que tengan entre sus prioridades la regulación del mercado y el control de la producción. Rechazamos la actual Política Agraria Común (PAC) de la UE.

• Reforma profunda de las políticas agrarias de modo que el mantenimiento del medio ambiente, de los recursos naturales y del empleo en el mundo rural sean realmente sus objetivos prioritarios. Evaluación ambiental adecuada de los cultivos forestales en tierras agrarias. Regionalización de las políticas y dotación de medidas que favorezcan el medioambiente.

• Desarrollo de una verdadera política forestal, generadora de empleo estable, basada en:

- Restauración de la cubierta forestal.
- Protección de las masas forestales valiosas por su interés biológico.
- Sustitución del modelo tradicional de repoblación con masas monoespecíficas de árboles de rápido crecimiento por otro que se base en la recuperación de especies autóctonas. Idoneidad de las formaciones de matorral para repoblar aquellos sectores del territorio en los que no se dan de forma natural formaciones boscosas.
- Creación de servicios forestales permanentes de carácter público que trabajen en la consecución de los objetivos de conservación del bosque ya apuntados, basado en el desarrollo del empleo estable en las áreas rurales.
- Estructuración de la vida en el medio rural en torno a la combinación integrada de usos agroganaderos, forestales y turísticos compatibles con la conservación del entorno.
- Potenciación de la gestión compartida entre propietarios y usuarios de los recursos forestales.
- Investigación sobre la dinámica de restauración de ecosistemas forestales mediterráneos, especialmente en territorios de suelo muy degradado.

• Adopción de una política forestal preventiva en materia de incendios (abandonando el sistema de grandes redes de cortafuegos, fomentando las masas forestales autóctonas que ofrecen un menor riesgo de incendio, etc.).

• Apoyo decidido a la agricultura ecológica y a la comercialización de sus productos.

• Aumento notable de la financiación de medidas que contribuyan a mejorar la formación de agricultores y ganaderos y que les faciliten una mejor gestión.

• Ordenación del espacio rural de modo que evite la especulación de los terrenos declarados como no urbanizables.

• Apoyo a la recuperación de pueblos deshabitados potenciando políticas de desarrollo sostenibles, que tengan como ejes la preservación del medio natural y los valores del medio rural.

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y PATENTES DE SOBRE LA VIDA

Los alimentos manipulados genéticamente están llegando a nuestras cocinas y nuestros estómagos sin etiquetado distintivo (aunque la legislación actual lo obligue), contra la voluntad de la mayoría de la población (expresada en numerosos sondeos y encuestas) y sin que hayamos podido pronunciarnos democráticamente al respecto.
Pese a la propaganda interesada de las empresas multinacionales del sector, la comercialización de alimentos manipulados genéticamente comporta numerosos problemas de seguridad no resueltos. Creemos que los riesgos para la biodiversidad, la salud humana, el sistema alimentario, la conservación de los ecosistemas y la justicia social son hoy por hoy inaceptables. La comercialización de alimentos transgénicos es un acto irresponsable que convierte a los consumidores en cobayas humanos, y a nuestra insustituible biosfera en un laboratorio de alto riesgo. Aunque todavía estamos lejos de poder prever todos los efectos a largo plazo, muchas investigaciones independientes vienen a confirmar la gravedad de los peligros.

Además, los cultivos transgénicos no eliminarán el hambre ni ninguno de los problemas derivados de la agricultura y ganadería intensiva. Por el contrario, se orientan a potenciar el monopolio en la producción de alimentos y refuerzan un modelo de resultados desastrosos.

El círculo monopolístico se cierra con la implantación de un sistema de patentes biotecnológicas que, en definitiva, legaliza la biopiratería en los países del Sur y el robo a l@s agricultores/as y ganader@s de las facultades naturales de reproducción de plantas y animales, lo que tendrá efectos catastróficos para las pequeñas agriculturas locales y los pueblos indígenas.

• Prohibición de la comercialización de alimentos obtenidos por manipulación genética.

• Prohibición de la concesión de derechos de propiedad intelectual (patentes) sobre organismos vivos y material genético.

• No a la liberación en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.

• Control social democrático sobre la I+D+i en manipulación genética.

GLOBALIZACIÓN

La globalización de la economía y la mundialización de los mercados financieros están suponiendo gravísimas consecuencias económicas, sociales y ambientales para los distintos pueblos y territorios del planeta. Así conducen a una explotación irracional de los recursos naturales, favorecen la destrucción de los ecosistemas, la degradación ambiental, la expropiación de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales, y son incompatibles con el respeto a los derechos humanos, la equidad social y la justicia distributiva. Todo ello funciona sobre la explotación de los recursos naturales y la mano de obra de los países empobrecidos, sobre la base de las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de la mayor parte de la población mundial y la acumulación de una Deuda Ecológica irreparable.

Estos procesos están siendo impulsados por las instituciones económicas y financieras internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, etc.) y por los distintos bloques económicos regionales (Unión Europea, Tratado de Libre Comercio entre Canadá, EE.UU. y México, etc.).

Así es necesario:

• Sustituir los valores actuales de la competitividad y el beneficio por la cooperación entre los países y entre las personas.

• La abolición de la deuda externa para los países periféricos y el reconocimiento de la deuda ecológica que los países del Norte tenemos contraída con los del Sur.

• Erradicar la pobreza y las desigualdades, atender las necesidades de la población, conservar el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad deben ser los ejes de las políticas económicas.

• Disolver las instituciones financieras internacionales.

• Los bienes colectivos no pueden ser administrados por manos privadas que sólo buscan el beneficio a corto plazo. Lo que se precisa no es el abandono o la sustitución del Estado por el Mercado, sino una democratización de la sociedad.

• Frente al actual proceso de globalización de capitales y mercados hay que impulsar la mundialización de los derechos sociales y económicos.

• Prohibir cualquier política económica que tenga repercusiones negativas sobre otros países, y que ponga en peligro la vida de las personas o impida la satisfacción de sus necesidades básicas.

• La no utilización de los mecanismos públicos para generar nueva Deuda Externa o de apoyo a la exportación para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas.

La Europa económica y monetaria, la creciente preponderancia en todas las economías de los intereses financieros y las recomendaciones de los organismos económicos internacionales, condicionan las políticas de los diferentes estados de la UE y están obligando a la implantación de una política económica neoliberal basada en: la desregulación, flexibilización y precarización de los mercados laborales; la privatización del sector público; los recortes de los gastos sociales; la orientación del gasto público hacia la creación de infraestructuras; las reformas fiscales que favorecen a las rentas del capital y gravan las rentas del trabajo; la privatización de los sistemas públicos de pensiones; la desregulación ambiental para impulsar el crecimiento, etc. Todas estas medidas significan el desmantelamiento de gran parte de las conquistas laborales, sociales y ambientales conseguidas a lo largo de este siglo. En concreto apuntamos:

•Abandonar proyectos como las redes Trans-europeas y otros macroproyectos de infraestructuras de transporte.

•Cambiar las formas de producción y consumo propugnadas desde la UE porque incrementan el uso de recursos y el consumo energético y aumentan la producción de residuos.

TRABAJO Y EMPLEO

Vemos clave la distinción entre trabajo y empleo (el trabajo remunerado). El empleo deja fuera muchos trabajos que son básicos para la reproducción de la vida, y que hoy en día son realizados mayoritariamente por las mujeres.

Pese a las apariencias, el conflicto entre medio ambiente y empleo es superficial. Permaneciendo iguales los demás factores, la producción con protección ambiental exige más trabajo humano que la producción ambientalmente irresponsable. Producir ecológicamente requiere no buscar siempre los incrementos de productividad del trabajo a costa de una baja productividad de la energía y las materias primas y una alta intensidad de capital. Tras la ecologización estructural de la economía, el trabajo socialmente necesario tendería a aumentar, pues la producción sería menos intensiva en cuanto al consumo de energía y materiales, y más intensiva en trabajo. Si además tenemos en cuenta el trabajo reproductivo requerido para atender necesidades sociales (hoy mayoritariamente abandonadas por los hombres), así como proteger y restaurar adecuadamente la naturaleza, parece que la reconstrucción ecológica de las sociedades industriales sería francamente beneficiosa en términos de empleo. Es por ello que proponemos :

• Reparto equitativo entre hombres y mujeres de los trabajos y empleos que contribuyen a la sostenibilidad y la reproducción de la vida.

• Desarrollo de las actividades públicas de gestión ambiental y de protección de la naturaleza, fuentes de nuevos empleos.

• Fomento y homologación de las nuevas profesiones medioambientales.

• Impulsar un movimiento de transición justa para la reconversión ecológica de la industria que garantice el empleo, las actividades de formación y el desarrollo de las economías de las áreas afectadas.

• Promoción de las formas comunitarias de trabajo y de todas las que apunten a la superación del trabajo asalariado.

• Practicar políticas encaminadas a disminuir la precariedad laboral en lugar de aumentarla.

PAZ Y SOLIDARIDAD

En una economía mundializada en la que la dominación violenta de unos grupos sociales por otros cada vez es más frecuente, dentro de un planeta empequeñecido por las telecomunicaciones y las redes de transporte, y con una tecnociencia generadora de impactos sociales y ambientales cada vez más importantes, los efectos de nuestras acciones llegan cada vez más lejos en el espacio y en el tiempo. A nuestra interdependencia cada vez mayor debería responder una renovada cultura de la solidaridad, a la altura de los retos de nuestro tiempo. Ello implica, por ejemplo, plantear en serio la conversión de la industria de armamentos; o evaluar cuidadosamente las repercusiones de los intercambios comerciales. En este marco proponemos:

• Rechazo de cualquier intervención armada encaminada a la dominación de unos grupos humanos por otros. Los conflictos deben ser regulados siempre de forma pacífica.

• Eliminación del armamento nuclear.

• Ejecutar políticas efectivas para la prohibición del comercio armamentístico, así como la reducción radical del gasto público militar. Además del no apoyo a leyes que fomentan la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.

• En la perspectiva de la desaparición del comercio internacional de armas:

Que en ningún caso los créditos de ayuda al Desarrollo vayan destinados a la compra de material susceptible de uso militar.

Control público sobre la totalidad del comercio de armamentos.

• Medidas contra las transnacionales que apoyan a dictaduras, agreden a los pueblos indígenas y destruyen el medio ambiente.

• Establecer, en los ámbitos que proceda, reparaciones y responsabilidades por la generación de deudas ecológicas, sociales, históricas y políticas. La creación de un fondo de compensación por los daños producidos a causa de la deuda ecológica adquirida por el gobierno español, sus instituciones públicas y las empresas privadas.

• Retirada del Gobierno español de megaproyectos que suponen un grave atentado no sólo a la diversidad biológica sino también a los derechos de miles de pobladores indígenas, a los que este tipo de grandes obras está obligando al desalojo de sus tierras y al abandono sus formas de vida tradicionales.

EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD

La educación para la sostenibilidad es un instrumento imprescindible para propiciar un cambio del modelo de desarrollo y de los hábitos de consumo, así como para promover la necesaria participación de las personas en la gestión del entorno.

Nuestro concepto de la democracia supone considerar los intereses de colectivos que no tiene posibilidad de expresarse, como son los ciudadanos y ciudadanas de países lejanos o las generaciones futuras. La sostenibilidad ecológica y social exige el respeto de todo lo viviente. En este marco proponemos:

• Desarrollar una visión crítica que revise las categorías insostenibles en las que se apoya el modelo de desarrollo y deslegitimar los conocimientos que sustentan la destrucción social y ambiental.

• Promover la participación y el protagonismo responsable a nivel asociativo, comunitario y político, tanto de mujeres como de hombres, en todos los ámbitos de trabajo de nuestra asociación.

• Dar visibilidad al necesario papel de las mujeres en la sostenibilidad.

• Incorporar la reflexión sobre la sostenibilidad en todos los ámbitos educativos, tanto de la educación formal como la no formal.

• Organizar, apoyar y participar en intervenciones que contribuyan a sensibilizar y transformar la realidad ambiental en el territorio próximo e incidan en marcos globales.

CONSUMO

Vivimos inmersos en una sociedad que sitúa el hecho de consumir en la cima de su escala de valores, en la que cualquier ser vivo, objeto, idea, o sentimiento es susceptible de ser comercializado; que manipula las conciencias y las conductas, imponiendo falsas necesidades y un ritmo de vida acelerado. Una sociedad de este tipo es fruto del sistema globalizador de mercados y pensamientos únicos que tratan de imponernos. Un modelo donde se va perdiendo la identidad, la participación directa en la vida pública, la capacidad de control sobre nuestro destino y el de nuestra sociedad, para convertirnos en consumidores obedientes devotos del todopoderoso y voluble dios Mercado.

Las consecuencias sociales y ambientales del consumismo son terribles, ya que éste es pieza clave del sistema socioeconómico imperante, basado en crecientes desigualdades sociales, en la sobreexplotación de la naturaleza y en la generación de residuos. Un sistema que prioriza lo privado frente a lo público, el individuo contra lo colectivo, la propiedad ante lo compartido.

Pretendemos influir en la inercia que se nos impone desde el sistema, modificando el sentido de esa corriente de forma que las personas seamos plenamente conscientes y responsables de los efectos de nuestros actos de consumo; luchando por formas de vida consecuentes, integradas y respetuosas con el medio ambiente y con el resto de nuestros congéneres. Nos planteamos:

• Desenmascarar el mito del consumo, informar de los efectos adversos del consumismo sobre la naturaleza y sobre las personas, y fomentar un consumo responsable en el que tomemos conciencia del poder de cambiar las cosas que tenemos como consumidores/as.

• Denunciar los métodos publicitarios de las grandes compañías transnacionales y cualquier forma de publicidad sexista, violenta, engañosa, vejatoria o manipuladora y promover sistemas transversales para una educación en valores y analítica frente a la publicidad y los medios de comunicación.

• Promover modelos de organización caracterizados por el sentido crítico, el apoyo mutuo y la autogestión (redes locales de intercambio, grupos autogestionados de consumo, cooperativas, asociaciones de vecinos, de consumidores/as, etc.).

• Incitar la utilización de comercios de barrio y mercadillos tradicionales y crear oposición a un modelo de distribución y comercialización basado en la deslocalización de la producción, la explotación laboral, el transporte a larga distancia, la venta en grandes superficies, el uso indiscriminado del automóvil y la privatización creciente de espacios públicos.

• Difundir una alimentación basada en productos autóctonos y de temporada, cultivados y distribuidos de manera que su incidencia medioambiental y social sea mínima, asegurando la pervivencia de la diversidad biológica y cultural.

• Defender, frente al consumo desaforado de una minoría, el derecho de todas las personas a los bienes y servicios que garantizan una vida digna, descubriendo las falsas necesidades que la sociedad de consumo nos crea y demandando la mejora de los servicios públicos existentes y la creación de nuevos.

• Denunciar las dietas típicas de los países “desarrollados”, muy ricas en carne, basadas en desperdiciar millones de toneladas de comida criando animales en inaceptables condiciones. Dicha dieta es incompatible con un mundo donde millones de humanos están subalimentados o mueren de hambre. Recuperar la verdadera dieta mediterránea.

• Construir una cultura del consumo informada, crítica y ética, respetuosa con la equidad y los límites del planeta y enriquecedora a nivel social.

DERECHOS DE LOS ANIMALES

La especie humana maltrata a las demás especies animales y los utiliza como si de objetos se tratara: matándolos como entretenimiento, encerrándolos por el mero placer de observarlos, sometiéndolos a experimentos dolorosos muchas veces por motivos triviales, torturándolos públicamente y de forma institucionalizada, arrancándoles la piel para vestir nuestra vanidad, etc. Por ello, el cambio positivo de actitudes hacia los animales como seres no humanos, está íntimamente ligado al respeto global hacia todos los seres vivos, y, por extensión, a todo el planeta.

El deterioro de nuestro planeta, la extinción de especies, y las actitudes violentas, tienen, parcialmente, su origen en la falta de formación y de sensibilidad hacia los animales y la naturaleza en nuestro entorno más inmediato.

Consideramos que reconocer y defender los derechos que merecemos todos los animales, entendiendo éste como el respeto a su vida, libertad y rechazo al sufrimiento, incide directamente en las mismas raíces que propician la destrucción de la naturaleza.

• Erradicación de las corridas de toros, de todos los festejos basados en el maltrato de los animales, incluidos los llamados tradicionales, de las peleas de perros, gallos y del uso de animales en espectáculos.

• Defensa de los derechos de todos los animales, domésticos y silvestres, a tener una vida digna.

• Prohibición de la utilización de animales en circos y progresiva desaparición de los zoológicos.

• Abandono de la captura de animales silvestres y de su cría intensiva en granjas con fines peleteros, para su tenencia como animales de compañía, y otras actividades comerciales. Los animales silvestres han de ser conservados en sus propios ecosistemas, impidiendo su captura con finalidades únicamente comerciales.

• Prohibición de la experimentación con animales vivos, apoyando los métodos alternativos de experimentación medica basados en nuevas tecnologías.

• Mejora de las condiciones de vida de los animales domésticos (entendiendo por domésticas a aquellas especies que han sufrido un proceso de domesticación de miles de años) y adopción de medidas preventivas para evitar el abandono de animales domésticos.

• Potenciación del vegetarianismo como dieta basada en el máximo respeto a la vida de los animales, y en una importante reducción del impacto ambiental de nuestra alimentación.

• Inclusión en el sistema educativo del reconocimiento de los derechos que tienen los animales, así como de los principios de respeto y convivencia con los mismos.