GRAVES ERRORES EN EL CONTROL DE UNA PLAGA DE TOPILLOS PROVOCA LA MUERTE INDISCRIMINADA POR ENVENENAMIENTO DE MILES DE ANIMALES EN TIERRA DE CAMPOS.
“Estamos ante el mayor envenenamiento de animales que ha sufrido España”, afirma Fernando Jubete, de la asociación ecologista Global Nature.
En el verano de 2007 fue noticia la plaga de topillos que, invadiendo las tierras de Castilla y León, provocó seria inquietud entre sus agricultores y de manera especial en Tierra de Campos, conocida desde la antigüedad como el granero de Roma.
Para evitar los graves perjuicios que para la Castilla cerealista suponía la presencia en sus campos de miles de estos pequeños roedores, voraces comedores de grano, la Junta de Castilla y León facilitó a los agricultores castellano-leoneses toneladas de potentes rodencidas, como la clorofacinona y la bromadiolona. Pero por desgracia, el veneno utilizado de manera inadecuada provocó no sólo la erradicación de la plaga, sino también la muerte de miles de otros pequeños animales: perdices, ánades azulones, calandrias, palomas, urracas, busardos ratoneros, conejos, liebres y hasta zorros… dejando los sembrados de Castilla yermos de vida animal.
En una catástrofe ambiental sin precedentes cabe preguntarse sobre la idoneidad de las medidas tomadas nuestros valedores, o al menos sobre su control de su aplicación. Los ecologistas, preocupados por atajar la plaga sin perjudicar el medio ambiente, propusieron en su momento – concretamente en agosto de 2007 - una serie de mesuras a la Junta para el control de las poblaciones de topillo, todo ello con cargo a fondos de desarrollo rural. Y al mes siguiente, en septiembre, nuestra asociación, junto con WWF/Adena, Seo/Bird Life, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Ibérica, Fundación Global Nature y Ascel, solicitó al Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) la apertura de una actuación capaz de garantizar la legalidad de algunas actuaciones agrarias - y de los rodencidas utilizados - , ya que habían descubierto que distintas agrupaciones del campo estaban repartiendo, por iniciativa propia, importantes cantidades de distintos tóxicos.
En las páginas de nuestra asociación todavía es posible encontrar, y consultar, estas recomendaciones que, ¡no faltaba más!, no merecieron atención alguna entre los prohombre de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.
El uso masivo de veneno es una actividad ilegal, puesto que se trata de un método no selectivo que puede llegar a tener un enorme impacto medio ambiental, además del riesgo evidente sobre la salud humana.
La prueba que corrobora la natural prudencia que debe presidir la actuación en temas tan delicados, evitando dejarse arrastrar por las presiones políticas del momento, es la epidemia de turalemia que se cebó en cientos de vecinos de la Tierra de Campos coincidiendo con la aplicación del veneno. La turalemia es una infección bacteriana que provoca efectos parecidos a la gripe y que diversos médicos en Castilla (que no se atreven a dar sus nombres ante el temor de verse represaliados) relacionan indirecta con el uso masivo del veneno y el brote epidémico padecido durante aquel verano. Aseguran que hacía doce años que no se recordaba una epidemia parecida.
Hace algo más de un mes que un grupo de ocho investigadores del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) y de la IE Universidad de Segovia , la Universidad de León y la Autónoma de Madrid, publicó un estudio, recogido en la revista científica norteamericana “Enviromental Conservation”, en el que llegaba a la conclusión de que “la aplicación del rodencida fue innecesaria por algo que ya se sabe desde hace décadas en otros países; el veneno no acaba con la plaga, ésta se colapsa de forma natural”. Es esto algo en lo que se reafirma el investigador Javier Viñuela, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), dependiente del CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Gobierno de esa comunidad.
Ante tal convicción la Consejería de Agricultura de Castilla y León emitió, el 25 de marzo pasado, una nota de prensa desautorizando la investigación de estos científicos, desacreditándolos al afirmar que consideraba “absolutamente falsa la conclusión del informe elaborado por un grupo de personas”.
Los expertos del CSIC vaticinan que el año que viene los topillos volverán, probablemente con otra plaga cíclica. Mientras tanto Pablo Villar, que a sus 23 años es el alcalde más joven de España y que gobierna en Villalar de los Comuneros (Valladolid), usa su sentido común para atajar el retorno de una posible plaga: “Hemos pensado criar lechuzas, que son los mayores depredadores de topillos”. Para ello ya están colocando 120 cajas en las tierras aledañas.
Frente al aserto de Fernando Jubete, de Global Nature, que asegura que la mortandad sufrida por el uso indiscriminado del veneno “alcanzó a 20 o 30 especies, hasta gatos y perros, miles y miles de animales”, la viceconsejera de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María Jesús Pascual, asegura que “ninguna especie no diana ha fallecido por el uso del veneno. Nadie me ha demostrado que se haya superado la dosis letal”.
Pero las estadísticas parecen empeñarse en llevar la contraria a la viceconsejera. Porque si en 2006, según estadísticas oficiales, Castilla y León produjo 5,53 millones de toneladas de cereal, en 2007, en plena plaga de topillos, la cosecha fue casi del doble: 8,94 millones de toneladas, la mejor cosecha de los últimos diez años.
Ante esta evidencia cabe preguntarse sobre la necesidad de una actuación tan expeditiva y descontrolada, y si no hubiese sido mucho mejor seguir los consejos ofrecidos gratuitamente por los ecologistas. Porque no olvidemos que, además de quedarnos casi sin fauna y con más de 500 afectados por la epidemia producida por la descomposición de millares de cadáveres de topillos abandonados a su suerte en canales, acequias y sembradíos, la factura de los productos químicos empleados no dudamos que también habrá sido salada. Y, desgraciadamente, el dinero sale del bolsillo de todos.
No creemos conveniente alargar más este artículo, que presenta aspectos multifacéticos y que, por ello, podría extenderse mucho más. A aquellos interesados en obtener mayor información (posicionamientos de agricultores, ganaderos, ecologistas y administraciones) les remito a la consulta en la hemeroteca de los números 1.721 y 1.722 de “Interviú”, de finales de abril y comienzo de mayo, en donde en un brillante artículo de Karin Cabrera encontrarán mucha más información sobre este tema y sus ulteriores implicaciones.
A mí sólo me queda decir que el movimiento ecologista tiene que emplearse en intentar conseguir resultados concretos, como la obligación consultiva – y a ser posible con posibilidad de veto - de representantes de las organizaciones ecologistas en todos los organismos técnicos con atribuciones para tomar decisiones importantes – y a veces tan desafortunadas como ésta – para nuestro medio ambiente. Esta es una reivindicación que tendremos que hacer llegar a los partidos políticos, hasta que éstos la incluyan en su programa.
ELM.
